El Congreso ha dado luz verde al proyecto de ley para el cálculo del llamado cupo vasco en el periodo 2017-2021, que en la práctica supone una mayor disponibilidad de fondos para el gobierno de la región. “Las diputaciones forales hacen la recaudación y luego ellos hacen el cálculo de lo que se debe devolver en compensación por los gastos del Estado”. Esta es la explicación del cupo vasco, según el profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la UCM, Javier Martín Fernández.

Sin embargo, en este sistema de financiación “no se incluye un fondo de compensación territorial”, detalla Fernández, “por lo que no se ayuda a las regiones menos favorecidas”.



Según las leyes que aprobadas, ascenderá a 1.300 millones anuales en el próximo quinquenio, aunque a esta cifra se le aplican diversos descuentos, por lo que las haciendas vascas pagarán será menos. Este ejercicio, unos 945 millones.

El objetivo es “debatir un nuevo modelo de financiación territorial, “aunque nuestras comunidades autónomas tienen más competencias financieras de los landers alemanes”, apunta el profesor de la Universidad Complutense.

En la negociación a nivel autonómico existen dos pactos, explica Fernández en Capital Radio. “El primer pacto es para fijar el sistema de financiación y el segundo es en el Consejo de Política Fiscal en el que cada región pacta con el gobierno cómo aplicar ese modelo”, sentencia.

 

El nuevo cupo vasco tendrá que pasar por el Senado antes de su aprobación definitiva, tras recibir el apoyo de gran parte de la Cámara Baja, incluidos el PP y el PSOE, y el rechazo de Ciudadanos, entre otros.

El Partido Nacionalista Vasco, que respaldó las cuentas del Estado para 2017 a cambio de una revisión del cupo entre otras concesiones, dejaron en suspenso el apoyo a las cuentas del año que viene en rechazo a la gestión de la crisis catalana por parte del Gobierno y en particular la intervención estatal en la región al amparo del artículo 155 de la Constitución.