Para luchar contra la corrupción, a Vox se le ha ocurrido premiar a los denunciantes. El pasado lunes, la formación presentaba en el Congreso de los Diputados una iniciativa legal, para proteger a quien denuncie casos de corrupción, que incluiría una compensación, en concreto el 10% del dinero que recupere el Estados después de que se resuelvan las supuestas tramas.

También recoge esta propuesta una modificación de la Ley de Indultos y la Ley General Penitenciaria, en este caso más enfocado a casos como el desafío independentista Cataluña. Vox plantea que no se pueda indultar a los condenados por rebelión y sedición, así como que éstos no puedan cumplir condenas en comunidades donde existan partidos que ponen en cuestión el orden constitucional, situación que para el partido de Santiago Abascal se daría en Cataluña con los encausados en proceso judicial por el desafío independentista.

Volviendo al tema de la corrupción, esta proposición de ley busca que España trasponga a su legislación interna la Directiva de Protección a los Denunciantes de Corrupción, que fue aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 16 de abril. Los estados miembros tienen dos años para aplicarla y deben garantizar que los denunciantes tengan acceso a información y asesoramiento completo, independiente y gratuita sobre los procedimientos y recursos disponibles, así como a asistencia jurídica durante los procedimientos.

Países donde ya se compensa a los denunciantes

En Estados Unidos, en 1863 se aprobó la False Claims Act, firmada por Abraham Lincoln, para combatir la especulación y el fraude. Por ejemplo el fraude al ejército se empezó a hacer bastante común, ya que estaban en plena guerra civil. Se daba un porcentaje del dinero recuperado y protección frente a posibles represalias. Después se dio luz verde a medidas similares para sectores como el energético, el medioambiental o el de la aviación. Esa primera norma daba un 50% de lo recuperado. En el 43, en la segunda guerra mundial, como surgieron “soplones profesionales”, se cambió la normal y podían recibir hasta un 25%, dependiendo del caso.

En 2006, la Hacienda estadounidense empezó a recompensar a los delatores, hasta con el 30% de lo recuperado. Dos años más tarde, con el estallido de la crisis económica, se ampliaron las ayudas a las denuncias de delitos financieros. En 2010, Obama firmaba la famosa Ley Dodd-Frank, por la cual, la SEC, el regulador bursátil estadounidense, y la CFTC, que regula los mercados de derivados, están obligados a pagar recompensas monetarias a aquellos individuos que proporcionen voluntariamente a la Comisión, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la reglamentación de la ley, información original sobre una posible violación de las leyes federales de valores o de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (FCPA) que ha ocurrido, esté ocurriendo, o esté por ocurrir.

En base a esta norma, los reguladores han desembolsado cantidades millonarias. En 2007, el exbanquero del gigante suizo UBS, Bradley Birkenfeld, denunciaba a la compañía ante la Hacienda estadounidense por una trama de evasión de capitales. El fisco recuperó 780 millones de dólares (unos 570 millones de euros en ese entonces) y Birkenfeld se embolsó 104 millones de dólares (más de 80 millones de euros) en septiembre de 2012. Eso sí, también pasó 30 meses en la cárcel por haber participado en las actividades fraudulentas de UBS.

Las recompensas pueden oscilar entre el 10 y el 30% del dinero recaudado cuando las penas exceden el millón de dólares. Cualquier persona (incluso fuera de Estados Unidos) puede denunciar ante la SEC, si tiene las evidencias suficientes. No se ofrecen recompensas a auditores o responsables del cumplimiento normativo, porque es algo que se considera como parte de su labor profesional.

Reino Unido

En 1998, el Reino Unido aprobó la Public Interest Disclosure Act (más conocida como PIDA). Bajo el amparo de esta ley, los delatores pueden revelar desde corrupción política hasta delitos económicos o contra la salud pública, el medio ambiente y la seguridad. La diferencia con EEUU es que recompensas no están regladas, sino que se fijan de manera discrecional por las autoridades. Aun así, varios países como Irlanda, Japón o Sudáfrica han utilizado PIDA como modelo para sus propias normativas.

La Hacienda británica, también tiene sus propios mecanismos de recompensa. En 2015, el diario The Guardian desvelaba que el fisco había abonado a sus informantes un total de 605.000 libras. La hacienda británica no publica datos oficiales en este sentido, pero según el diario, la mayoría de denuncias no conllevan una compensación.

Alemania

El país no cuenta con una ley de protección de denunciantes, sino que deja cada caso en manos de los tribunales. Pero hay casos como el pago de 7,3 millones de euros a un empleado de banca de Liechtenstein que les facilitó información acerca de cientos de evasores.

España

España no tiene, por ahora, una legislación general para proteger a los empleados del sector privado y público de represalias por exponer la corrupción. Lo que sí hay son canales específicos para las denuncias. Por ejemplo, los inspectores de Hacienda las atienden (siempre y cuando estén documentadas) y hasta 1987 se premiaba a los delatores con un 25% de las sanciones firmes y cobradas. Pero a día de hoy, el denunciante no solo no tiene derecho a recibir información alguna sobre la posible investigación sobre su denunciado sino que tampoco tiene derecho a cobrar nada de las posibles sanciones tributarias que se pudieran imponer.

Por su parte, la CNMC ha abierto recientemente un buzón para recibir denuncias pero tampoco conllevan recompensa.

Facebook

No solo los estados llevan a cabo estas iniciativas. Facebook decidía compensar a los que denunciasen prácticas o errores de software que puedan afectar a más de 10.000 usuarios, con 500 dólares como mínimo. Según la empresa, el máximo que han pagado a alguien han sido 40.000 dólares.