El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha presentado un informe sobre derechos humanos llamado Cambio climático y pobreza, en el que anuncia, entre otras cosas, que las empresas deben desempeñar un papel vital en la lucha contra el cambio climático, pero que no se puede confiar en ellas para que cuiden de los pobres. El cambio climático tendrá un gran impacto sobre aquellos que viven en la pobreza, pero también sobre la propia democracia y los derechos humanos, según Philip Alston, relator especial sobre la pobreza extrema.

El informe advierte de que confiar al sector privado la lucha contra la crisis del clima puede conducir a una nueva segregación entre ricos y pobres que permita a los primeros escapar o sobrevivir a los efectos del calentamiento global y a los segundos sufrir esos efectos hasta los últimos momentos.

VOCES

Este es el escenario que dibuja Alston, que denuncia que muchos gobiernos están dando pasos y medidas insignificantes como enviar funcionarios a conferencias, a pesar de todas las voces de alarma y emergencia que se están lanzando continuamente desde la década de 1970, se dice pronto.

Han advertido ya de la situación climática, entre una lista enorme de gente influyente, William Nordhays, Premio Nobel de Economía en 2018, Joseph Stiglitz, mismo premio en 2001, e incluso el Papa Francisco, quien ha declarado una emergencia climática mundial y advierte que si no se toman medidas urgentes, habrá una gran injusticia hacia los pobres y las generaciones futuras.

David Wallace-Wells, un periodista estadounidense especializado en este tema, escribió en su libro “La tierra inhabitable” que desde 1988 “se ha sumado más carbono a la atmósfera que en toda la historia de la humanidad”.

CONSECUENCIAS

Alston repasa en su informe las diferentes consecuencias que estamos sufriendo y sufriremos. Consecuencias como altas temperaturas hasta el punto de derretir glaciares, incendios incontrolables, inundaciones, sequías que acaban con las cosechas y provocan desnutrición, aumento del nivel del mar, desaparición de los ecosistemas marinos y, por supuesto, amenazas a la economía y al orden social.

Según el relator, conseguir un aumento de temperatura de solo 1,5ºC en lugar de 2, podría reducir hasta 457 millones de personas afectadas por los riesgos del clima, rebajar en 10 millones las personas expuestas al riesgo de aumento del nivel del mar, frenar las inundaciones, sequías e incendios, limitar el daño a los ecosistemas e impedir hasta 190 millones menos de muertes prematuras a lo largo del siglo”.

Según el Banco Mundial, con esos 2ºC más de temperatura, entre 100 y 400 millones de personas más estarán en riesgo de pasar hambre y entre mil y dos mil millones ya no tendrán suficiente agua. Entre 2030 y 2050 se espera que haya 250 mil muertes adicionales por desnutrición, malaria, diarrea y estrés por el calor, situaciones que solo viven y vivirán aquellos que vivan arraigados a la pobreza, ya que los “ricos” tienen dinero para pagarse un seguro médico privado.

Además, estas personas pobres tienen una alta probabilidad de perder sus hogares para 2050, año en el que podría ser necesario movilizar a 140 millones de personas en las zonas más al sur de América, Asia y África. Las infraestructuras que los ricos tienen dinero para pagar pueden aguantar inundaciones, terremotos e incluso incendios; cosa que no ocurre con las viviendas de los pobres que, además de estar ya degradadas, no tienen esas características tan resistentes ni, por supuesto, recursos para conseguirlas.

RIQUEZA Y SECTOR PRIVADO

Esta injusticia aumenta cuando nos damos cuenta de que los pobres son los que más sufren las consecuencias del cambio climático mientras que ellos son los que menos han contribuido a exacerbar esta situación. Alston destaca que “la mitad más pobre de la población mundial, 3500 millones de personas, es responsable de solo el 10% de las emisiones de carbono, mientras que el 10% más rico es responsable de la mitad completa”. Es muy injusto e impotente pensar que quienes más han provocado el cambio climático sean los que más posibilidades y recursos tienen para revertirlo, no lo hacen y, además, son los que mejor defendidos se van a encontrar a la hora de la verdad.

Alston denuncia que se siga subsidiando la industria de los combustibles fósiles y reclama a los gobiernos que “cumplan los derechos económicos y sociales” como el acceso a la comida, atención sanitaria, cobijo y un trabajo decente ya que “si esta situación es usada para justificar políticas amistosas con las empresas y privatizaciones generalizadas, la explotación de recursos naturales y el calentamiento global podrían verse acelerados en lugar de prevenidos”.