El Ministerio de Hacienda impulsará en las próximas semanas un nuevo Real Decreto-ley para que las Entidades Locales tengan más recursos y un mayor margen presupuestario con el que afrontar la actual crisis provocada por la pandemia de la COVID-19.
En ese texto normativo, cuyo impacto superará los 3.000 millones de euros, se incluirán las medidas más urgentes e imprescindibles para los ayuntamientos que ya fueron pactadas con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que generaron aparentemente un mayor consenso.
El Gobierno es consciente de la importancia de los municipios para abordar la fase de reconstrucción económica y social del país al ser la administración más cercana a los ciudadanos.
Por ese motivo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que recuperará las medidas de liquidez y alivio financiero más necesarias y urgentes para los ayuntamientos.
Medidas que se incluyeron en el Real Decreto-ley 27/2020, que no fue convalidado, y que el Gobierno considera prioritario implementar para garantizar que los municipios sigan prestando servicios públicos de calidad.
Así, Hacienda está comprometida en habilitar las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de financiación local, que suponen casi 1.500 millones. También apuesta por suspender la regla de gasto en 2020 y ofrecer mejores condiciones financieras a los ayuntamientos con problemas, entre otras.
Con esta nueva iniciativa, el departamento que dirige María Jesús Montero muestra su apoyo a los municipios y mantiene la estrategia de no dejar a nadie atrás, incluidas las administraciones locales.
Regla de gasto
Entre las medidas que el nuevo Real Decreto-ley recuperará de la norma anterior y que contaban con un amplio respaldo de la Cámara Baja se encuentra la suspensión de la regla de gasto para el año 2020. También prorrogar para 2020 el uso del superávit de 2019 para financiar inversiones financieramente sostenibles, cuyo impacto alcanza los 987 millones.
Asimismo, se permitirá concluir en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciados en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018. El impacto potencial podría alcanzar hasta los 621 millones de euros.
También se habilita la posible utilización del superávit de 2019 para financiar gasto en 2020, siempre que se cierre este ejercicioen equilibrio presupuestario.
Además, con carácter excepcional se permitirá que las Diputaciones Forales y los Cabildos Insulares de Canarias puedan utilizar el superávit de 2019 para compensar la caída de ingresos en los tributos estatales concertados o en los ingresos tributarios que obtengan y les correspondan exclusivamente por los impuestos indirectos de regulación estatal del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
