PSOE y Unidas Podemos han acordado llevar al Consejo de Ministros una Ley de Vivienda en un plazo máximo de tres meses, con la que se pretende limitar e incluso bajar los precios en las “zonas de mercado más tensionadas”, ha dicho el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. De esta forma, la regulación no queda dentro de los presupuestos, como pretendía la formación morada, sino que se controlará a través de una ley específica.
El sector inmobiliario ha recibido con preocupación el anuncio. Empresas y portales han rechazado esta medida por considerar que reducirá la oferta y subirá los precios en B. Además, argumentan que este no es el momento para una intervención pública en el mercado porque, aseguran, se está regulando por sí mismo por las circunstancias derivadas de la pandemia. Consideran que la medida traerá consigo un aumento del mercado negro, el deterioro de las viviendas y una fuerte inseguridad jurídica para el sector.
Por su parte, la portavoz de Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha lanzado un mensaje de tranquilidad al sector. En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros ha pedido cautela al sector y les ha aplazado a que esperen a ver la letra pequeña y los detalles de esta medida que, asegura, "pretende garantizar el acceso a la vivienda".
Celebración de los sindicatos
Las reacciones de los sindicatos tampoco se han se han hecho esperar. El Sindicato de Inquilinos ve “un paso muy importante” en esta medida y han recordado que la situación es “crítica” con una parte de la sociedad "ahogada totalmente" por los efectos de la pandemia. “Miles de hogares ya no pueden pagar por sus alquileres o no pueden acceder a una vivienda digna”, han subrayado.
El sindicato de inquilinos ha señalado que lleva meses trabajando en esta medida ante el incremento de los precios. De media, han crecido un 52% en todo el territorio español respecto a 2015. A la cabeza, Comunidad Valenciana (68%), Cataluña (60%), Madrid (57%) e Islas Canarias (56%).
