Este lunes se celebra el Día Internacional de la Protección de Datos, el primero desde que el pasado 25 mayo fuera de obligatorio cumplimiento el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Ocho meses después en los que la Unión Europea y sus supervisores han recibido cerca de 95.000 quejas sobre posibles violaciones de datos.


En España, la Agencia Española de Protección de Datos ha visto cómo las reclamaciones aumentaron un 50% con respecto al mismo periodo de 2017 y cerró el año con un alza del 33% en las quejas. 


La nueva normativa comunitaria otorga nuevos poderes a los responsables de la privacidad, permitiéndoles imponer multas de hasta el 4% de los ingresos globales o 20 millones de euros, lo que sea mayor. La última tecnológica en ser multada ha sido Google.


El regulador francés de protección de datos impuso este mes de enero una multa de 50 millones de euros al gigante de los buscadores por no haber obtenido correctamente el consentimiento de los usuarios para los anuncios personalizados, la sanción más grande hasta la fecha tras el 25M.


Según las normas del reglamento, es la autoridad nacional de supervisión de la protección de datos de cada Estado miembro la que es competente para tramitar los casos relativos a la protección de datos en su territorio. Sin embargo, si una empresa (como Facebook, por ejemplo) opera en muchos o en todos los Estados miembros, es la autoridad competente del país en el que esta empresa tiene su sede principal la que toma la iniciativa en la investigación de posibles violaciones del RGPD y es considerada como la autoridad "principal".


Otras autoridades, como la española o la francesa, pueden iniciar sus propias investigaciones, pero siempre deben cooperar con la autoridad principal, que se encarga del caso y adopta una decisión. "Las multas impuestas en caso de infracción del Reglamento son de carácter administrativo y se recaudan a nivel nacional y según las reglas de la legislación nacional vigente. Por lo tanto, los importes se destinan al presupuesto de ese país en particular", confirma la Comisión Europea a Capital Radio.


"Lo que está en juego no es solo la protección de nuestra privacidad, sino también la protección de nuestras democracias y garantizar la sostenibilidad de nuestras economías basadas en datos", han señalado en una declaración conjunta el jefe digital de la UE, Andrus Ansip, el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, la jefa de justicia de la UE, Vera Jourova y la comisionada de economía digital de la UE, Mariya Gabriel. 


España no ha impuesto ninguna sanción a ninguna tecnológica tras el 25 de mayo, aunque la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, señala "que en pocas semanas tendremos noticias".