Los países de la Unión Europea han pactado una nueva Política Agraria Común. La misma, vincula el 20% de los pagos directos a los ecoesquemas, un nuevo requisito que no ha sido bien acogido por los agricultores.

La gran prioridad de la futura PAC, que estará en vigor entre 2.023 y 2.027, es la transición ecológica.

Según Zoido, en su entrevista en Capital, la Bolsa y la Vida, si desde la Unión Europea ponen más exigencias a los agricultores habrá muchas explotaciones que no puedan subsistir. Para el exalcalde de Sevilla “no se puede pedir más, dando menos”.

Entrevista a Juan Ignacio Zoido y Pedro Barato

Juan Ignacio Zoido, eurodiputado del PP, y Pedro Barato, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), analizan en Capital, la Bolsa y la Vida el preacuerdo sobre la nueva PAC.

La agricultura está en riesgo

Para el eurodiputado del PP, la transición ecológica no debe imponerse sino “realizarse desde la racionalidad y no imponiéndolo como quiere hacer la izquierda radical y, sobre todo, el Grupo de los Verdes.

Además, añade: “Quieren llevar a cabo una reforma radical, cambiando el modelo, lo que llevaría a cargarse la agricultura y, a su vez, a tener menos Europa, porque la PAC fue uno de los pilares fundamentales de la construcción de la Unión Europea

Por otro lado, desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) se menciona que es “un cambio radical”. Y añaden que se les “pide hacer más cosas con menos dinero”.

Según ASAJA “van a faltar más de 4.000 millones de euros en este nuevo período”.

Peticiones mayores por parte de otros partidos

El porcentaje destinado a los cultivos ecológicos se seguirá negociando en las próximas fechas. El eurodiputado del PP, Juan Ignacio Zoido detalla que “el Grupo de los Verdes piden un 50% y los socialistas el 40%”.

Sin embargo, desde el PP se cree que el porcentaje final estará en torno al 20, aunque ese 20% ya se contempla como “excesivo, especialmente al aplicarse de una manera tan drástica”.

El parlamentario europeo, defiende que la política agraria común debe ser sostenible, pero no exclusivamente sostenible, para lo que ya existen otras políticas más allá de la agraria.

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