La Guardia Civil registra las sede de Adif en Madrid y Barcelona en busca de pruebas de corrupción en las obras del AVE en Cataluña. Por orden judicial y coordinados por la Fiscalía Anticorrupción, los agentes buscan indicios de un desvío millonario en torno a la estación de La Sagrera, que será la segunda gran terminal de la alta velocidad en Barcelona. Este desvío supera los 80 millones de euros. Con ello, está prevista la detención de una veintena de personas incluidos altos cargos del ente gestor de infraestructuras ferroviarias y directivos de esas compañías.

Esta operación parte de una querella del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, que acusa a los responsables de Adif de certificar trabajos que no se han ejecutado o que se han realizado empleando técnicas y materiales más económicos y de peor calidad que los descritos en los documentos oficiales. El fiscal ha hallado indicios de una “doble medición” en las certificaciones. Al dar el visto bueno a obras inexistentes, Adif ha avalado que las empresas adjudicatarias de los trabajos puedan obtener un beneficio mucho mayor del que les correspondería. Según la fiscalía, hay indicios de que todos ellos cometieron los delitos de malversación, tráfico de influencias y falsedad documental.

Se trata de la segunda fase de una investigación que se inició en mayo de 2014, cuando Anticorrupción y la Guardia Civil detuvieron a nueve directivos de Adif y de la empresa Corsán por presuntas irregularidades en la adjudicación de un tramo del AVE Madrid-Barcelona. La sospecha es que en la construcción de un tramo de vía cerca de La Sagrera, entre lo años 2008 y 2011, se certificaron sobreprecios de trabajos de forma fraudulenta, por valor de seis millones de euros. Según la tesis de los investigadores, los responsables de Adif habrían recibido dinero y compensaciones como viajes a Aspen (Estados Unidos), una estación de esquí de lujo. Ahora bien, una auditoría realizada por el gestor de infraestructuras ferroviarias tras saltar el escándalo cuantificó el desfase en 31 millones de euros, perpetrado bien al certificar obras que no se hicieron o bien por utilizar materiales de menor calidad en un tramo de apenas dos kilómetros de vías.