La Audiencia Nacional ha imputado al Banco Santander en la causa que investiga la gestión que llevó a la desaparición al Banco Popular. El juez José Luis Calama ha publicado un auto en el que incluye a la entidad que preside Ana Botín, en sustitución de la ya desaparecida Banco Popular. Es una figura jurídica habitual, por la que "el cambio de titular no extingue la responsabilidad jurídica", pero era algo que Banco Santander creía haber evitado al pasar por el proceso de subasta de la JUR. La entidad recurrirá la decisión de la Audiencia Nacional, al entender que existen precedentes como los sucedidos en la adquisición de Banco de Valencia. La idea es evitar que se impute cualquier defecto por una gestión que no ha sido nunca de Banco Santander, puesto que "nada tiene que ver el equipo directivo". Al respecto, entienden que hubiera que asumir la carga, pero no la responsabilidad de esa gestión.


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En concreto, ha incluido en la causa a Banco Santander tras haberse llevado a cabo la fusión por absorción del Popular, ya integrado societariamente en la entidad. Con esta operación, además de adquirir los activos y pasivos de Popular, el Santander heredaba la responsabilidad penal que recaía sobre la anterior entidad.


El auto del juez Calama da respuesta a las peticiones de dos perjudicados que muestran la entrada en vigor en el Registro Mercantil de la operación de fusión por absorción realizada por el Santander. Además, el magistrado avanza que se acordará la declaración del representante legal de la compañía.


El juez, que sustituye a Fernando Andreu, lleva a cabo la investigación de la gestión que llevaron a cabo los directivos de Popular y que llevaron a su desaparición. Los principales imputados en esta causa son Ángel Ron y Fernando Saracho, expresidentes del grupo antes de que se produjera la resolución del banco.


El Banco Santander adquirió en julio de 2017 Banco Popular después de que las autoridades comunitarias acordaran resolver la entidad por sus problemas de liquidez y retirada de depósitos que hacían inviable su continuidad. La entidad que preside Ana Botín la adquirió por el precio simbólico de un euro.